miércoles, 29 de junio de 2011

Salomón Lerner Febres



“Hay que hacer una justicia social histórica”


Entrevista y foto por Gianmarco Farfán Cerdán


Es el actual presidente ejecutivo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y fue presidente de la importante Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la cual realizó en su Informe Final del año 2003 una dolorosa y reveladora radiografía social de lo que fue nuestro país durante los duros veinte años (1980-2000) de terrorismo que vivimos. El Dr. Salomón Lerner Febres (Lima, 1944) también ha sido rector de la PUCP entre los años 1994 y 2004. Además, es Doctor en Filosofía por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y Licenciado Especial en Derecho Europeo por la misma universidad. Por esos y otros importantes cargos que ha ocupado a nivel nacional e internacional -como haber sido presidente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL)-, el Dr. Lerner es una prestigiosa personalidad con profundos conocimientos para analizar la evolución de los derechos humanos en nuestro Perú. Así como, también, para ayudarnos a comprender mejor las consecuencias -que se dejan sentir hasta hoy- de la publicación del Informe Final de la CVR.

El tema de los derechos humanos, ¿está interiorizado en la sociedad peruana, actualmente?
Creo que estamos en camino de difundir una conciencia que hasta el momento ha estado adormecida en torno al tema. En ese sentido, a pesar de los debates que ha suscitado, y algunas reacciones negativas, el trabajo que realizó la Comisión de la Verdad y su Informe han servido para despertar no sólo el interés, sino el compromiso de sectores de la población hacia este tema que es fundamental y que -bien mirado- no sólo tiene que ver con la vida y las personas sino también con el derecho de ellas a desarrollarse, educarse, tener una propia identidad.

¿Diría que el problema básico parte de la falta de educación sobre derechos humanos en nuestro país?
Creo que sí. Y ello en un doble sentido: falta de educación de aquellos que no han tenido la oportunidad de asumir la dignidad de su propia existencia y han tenido que sobrevivir en condiciones precarias, sin apoyo del Estado y sin la solidaridad de sus compatriotas; pero también, falta de educación por parte de las élites y autoridades que han aceptado como una cuestión natural este lastre histórico por el cual en el Perú puede existir una mirada de superioridad de unos peruanos respecto de otros en función de su situación social, económica o el color de su piel. Entonces, no es solo (responsabilidad) del ignorante -en el sentido de aquel que no ha tenido acceso a la educación- sino también -y de modo más culpable- del ignorante que habiendo recibido educación cierra los ojos y piensa en su propio bienestar.

Comparativamente, ¿la Comisión de la Verdad en el Perú ha tenido la misma aceptación que las realizadas en otros países?
Quiero decirle que -aunque le parezca extraño y también a aquellos que vayan a leer estas declaraciones- aquí lo que ha dicho la Comisión de la Verdad ha sido tomado más en serio que en muchos países. Lo que ha sucedido con el Informe Final de las Comisiones de la Verdad de Guatemala y El Salvador, por ejemplo, es lamentable. Terminaron en el tacho de la basura y allí no se ha avanzado nada en el terreno de la judicialización ni de la difusión de la memoria histórica. Recuerde también el destino que tuvo en su momento el Informe Sábato (1984) en Argentina, que llegó en un momento en que se dio gracias a (el presidente del periodo 1983-1989, Raúl) Alfonsín la Ley de Punto Final y Obediencia Debida, y mucha gente se sintió absolutamente frustrada. Y eso que las víctimas y el conflicto en Argentina tocó simplemente a la clase media, no a la gente más pobre. Ha tenido que venir (Néstor) Kirchner (presidente argentino entre los años 2003 y 2007), al cual se le podrá criticar muchas cosas, pero desde el punto de vista de los derechos humanos sí ha tenido una visión mucho más abierta y comprensiva. Y en Chile se han tomado su tiempo para reparar a las víctimas, llevar a cabo juicios a los perpetradores. El mismo (Augusto) Pinochet: cuestionado no tanto como violador de derechos humanos sino más bien por deshonesto. Entonces, en ese sentido, la Comisión de la Verdad del Perú ha tenido un relativo éxito, mayor que el de otras comisiones en Latinoamérica. No tanto quizá como la Comisión de la Verdad sudafricana (1995-2000), porque esa comisión tuvo una autoridad que no tuvo la peruana. Ella podía perdonar, amnistiar, en función de confesiones, arrepentimientos -no sé si muy sinceros- de los perpetradores. Además, allí había un trauma étnico que se arrastraba, que ya se ha solucionado políticamente con (Nelson) Mandela (primer presidente negro de Sudáfrica, gobernó entre 1994 y 1999).

¿Qué es lo más difícil en el Perú: aceptar la verdad o establecer la reconciliación entre todos los peruanos?
La reconciliación, porque supone la verdad. No puede haber reconciliación si es que, previamente, no se sabe la verdad de las cosas, se la acepta como tal y a partir de ahí se sacan consecuencias. En ese sentido, le diría que la reconciliación es más difícil porque supone llegar a la verdad. Eso no implica, necesariamente, que las causas que llevaron a la violencia -y que ya se conocen- estén resueltas. A partir de allí hay una tarea muy larga -y eso lo decimos en el Informe de la Comisión- que implica hacer justicia. Pero, más allá de hacer justicia con víctimas de un periodo determinado de violencia, hay que hacer una justicia social histórica. Es decir, reformar instituciones, modificar la educación -hacerla mejor-, desarrollar efectivas políticas sociales por parte del gobierno, darles derechos ciudadanos a una serie de personas.

Dada la importancia que tiene la Comisión de la Verdad, ¿por qué cree que existen personas como Martha Chávez, quien dijo en un programa de televisión que el Informe debería estar en la basura, o como Rafael Rey, quien dice que no se deberían remover estos recuerdos?
Porque son consecuentes con determinados puntos de vista que, desde mi perspectiva, son altamente cuestionables. No nos olvidemos que la señora Chávez dijo que los estudiantes de La Cantuta se autosecuestraron, y que el señor Rey votó por una ley de amnistía para el grupo (paramilitar) Colina. Entonces, siguiendo una trayectoria ética -que desde mi punto de vista no es aceptable y no comparto- ellos entienden que simplemente con tapar las cosas se puede mirar hacia adelante y avanzar, pero esta no es una buena receta para el país. No se trata de realizar vendettas, sí de mostrar nosotros mismos al mundo que aprendemos de las experiencias negativas y no dejamos impunes los crímenes, porque con un pasado de crímenes no resueltos y enterrados -como los animalitos entierran su detritus- no vamos a avanzar. ¿Usted cree que perdonando los robos de Fujimori podríamos ir adelante en una lucha contra la corrupción y hacer más honesta y transparente la administración pública? No. Entonces, creo que están equivocados. La Comisión de la Verdad tuvo que decir cosas muy duras y granjearse enemigos: para eso se crea una. No para granjearse enemigos sino para decir cosas que no son gratas y han permanecido ocultas. Hay políticos que se sienten heridos, la izquierda se siente fastidiada porque la criticamos, los presidentes de esas épocas, también -porque les decimos que tienen responsabilidades éticas, políticas, penales-. Los militares se sienten vejados injustamente porque lo que nosotros condenamos son los excesos que realizaron.

¿Qué opina sobre la precisión dada por el ministro de Defensa (entre los años 2006 y 2007), Allan Wagner, sobre que el Estado defenderá a los militares y policías que lo merezcan y estén acusados de violar los derechos humanos?
Es una medida dada en el sentido de la justicia. Nadie desea que se queden sin defensa aquellas personas a las cuales, probadamente, no se les haya demostrado la violación de derechos humanos. Es un derecho humano el derecho a la defensa. Sí hay que precisar que no pueden resolverse estas cosas sin un análisis muy fino del asunto. En primer lugar, también hay víctimas y testigos que necesitan del mismo apoyo que se les quiere dar a los militares presuntamente implicados, porque es gente que no tiene los medios para acusar -a veces- con pruebas irrefutables a determinados militares o autoridades que les hicieron daño. Hay testigos que no pueden desplazarse desde los lugares en donde viven para poder, efectivamente, acreditar con su dicho y pruebas la comisión de los delitos. Y habría también que poner en una balanza -y ver si pesa igual- a los defensores de oficio que suelen tener los acusados pobres que no son militares sino civiles, contra una defensa especializada y abogados de estudios connotados que podrían darse para los militares. No es lo mismo. No se olvide usted que en la época de Fujimori, con las leyes que él dio, se permitieron tribunales sin rostro, juicios hechos por la Corte Militar en donde a veces los jueces no estaban presentes o estaban encapuchados y, en media hora, despachaban cinco, seis condenas por treinta, cuarenta años, a gente que luego se demostró que era inocente. A tal punto que Fujimori tuvo que crear las comisiones de indulto con el padre (Hubert) Lanssiers, el Defensor del Pueblo y el ministro de Justicia. Y sacaron a seiscientas, setecientas personas en calidad de indultados, cuando en realidad eran inocentes. Entonces, ¿dónde estuvo el Estado allí? El Estado abusó de ellos. ¿Dónde estaban los abogados defensores, esos abogados de oficio que cumplen de modo rutinario su tarea? De otro lado, la justicia no es solo penal. La justicia también es resarcir a las víctimas por los daños que han sufrido. Y hay personas que han sufrido mucho por obra directa del propio Estado o por deficiencia del Estado que no las supo defender. Ahí también hay que hacer justicia a través de reparaciones colectivas, individuales. Hay que enfocar el tema de una manera integral y no simplemente en aspectos que pueden llamar la atención y políticamente concitan el interés de la ciudadanía. Cada dos días tenemos nuevas noticias. Y así estamos, de novedad en novedad. Pero los problemas de fondo hay que atacarlos sin tanto aspaviento.

Allan Wagner también afirmó que la CVR no era un tribunal. Esta afirmación, que podría entenderse en un doble sentido: ¿apoya o desmerece el trabajo de la CVR?
Que yo sepa Allan Wagner tiene en alta estima el trabajo de la Comisión. He tenido oportunidad de conversar con él cuando era secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Lo que dice es estrictamente verdad. Nosotros no éramos jueces, éramos personas simplemente encargadas de relatar aquello que sucedía, de explicar por qué sucedían las cosas, nuestras conclusiones no tienen carácter vinculante. Y nosotros, en los casos que merecen ser judicializados, no hemos dicho “tal es culpable” sino que son 47 casos en los cuales entregamos algunos indicios que hacían presumir posibles culpas de determinadas personas. Le toca al Poder Judicial investigar. En ese sentido, tiene razón.

Cuando fue presidente de la CVR: ¿sufrió alguna amenaza -o algún familiar suyo- de parte de grupos interesados en contrarrestar las conclusiones del Informe Final?
Había amenazas de carácter genérico en determinado tipo de prensa -“prensa basura”, le diría yo- y, de modo personal, algunos comisionados y yo mismo recibimos insultos y amenazas. Incluso alguna amenaza de muerte, una vez que apareció el Informe, y cuando empezaron algunos juicios a militares de alta graduación. Pero eso desapareció -eran amenazas telefónicas y otras por mail- cuando los embajadores de la Unión Europea y la embajada de los Estados Unidos nos dieron un almuerzo a los comisionados y luego hicieron una conferencia de prensa diciendo que apoyaban a la Comisión de la Verdad. Ahí cesaron estas amenazas, lo cual indica que no eran de cualquier persona. Era gente muy consciente del valor que tenía el apoyo internacional y de los Estados Unidos en este tema.



Nota: Esta entrevista fue publicada en octubre de 2007 en la revista digital Sociedad Latina. Posteriormente, el Dr. Lerner obtuvo nuevos altos cargos y distinciones, como la vicepresidencia de la Comisión de Alto Nivel para la implementación del Proyecto Lugar de la Memoria en el Perú y el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de la Sorbona de París.

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